Diez años de moda
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España, diez años de entrada, salida y resaca de la crisis
Diez años de moda en España
España, diez años de entrada, salida y resaca de la crisis
Riqueza y nación. Las dos palabras que daban título a la obra cumbre de Adam Smith han sido las protagonistas indiscutibles de la última década en la economía y política de España, que comenzó con un pie en una de las mayores crisis de la historia reciente y terminó debatiendo sobre su propia unidad como Estado nación. Han sido, según algunos economistas, diez años perdidos, pero cuyos efectos han transformado de manera profunda y estructural al país. Ha sido la década de los indignados, de los brotes verdes que nunca llegaban, de los recortes, del fin de ETA, de Cataluña y de la caída de la aparente inviolabilidad de instituciones como la monarquía. Una década que afloró problemas estructurales de la economía española que hoy, diez años después, continúan sin resolver.
Pocos lo vieron venir, pero de pronto ahí estaba. La crisis financiera global que había empezado su ebullición en Estados Unidos en 2017 y que estalló finalmente en septiembre de 2008 llegó a España como una mano que tira la primera de una larga fila de fichas de dominó. La crisis de las subprime terminó exponiendo, uno a uno, los problemas que en España estaban ocultos bajo el ladrillo y el hormigón. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, motor económico y del empleo durante las últimas décadas, llevó a años de un país ahogado por el paro y los recortes.
España, se decía, había vivido por encima de sus posibilidades y en 2009 el país se encontraba ante una realidad que se hacía cada vez más incontestable: debía hacer frente a las facturas de los años de exuberancia económica y pagar por sus excesos. De jugar en la Champions League, como había dicho el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, España pasó en sólo unos años a protagonizar la portada de The Economist con el juego de palabras Spain/Pain (dolor), en 2012, cuando la mayoría de medios y analistas apostaban por un rescate general del país ante la amenaza de bancarrota. Finalmente se produjo el rescate, pero sólo del sistema financiero.
El 9 de junio de 2012 está marcado en la historia de España como el día en que el país tuvo que solicitar el rescate europeo. Para aquel entonces, con Mariano Rajoy en la Moncloa y Luis de Guindos como ministro de Economía, el Gobierno hablaba de un “préstamo en condiciones favorables”, pero lo cierto es que el rescate financiero, con una línea de liquidez de hasta 100.000 millones de euros, iba condicionado a recortes y reformas. Aunque la deuda del Estado preocupaba, el gran problema de la economía española era su sistema financiero y, en particular, las sui generis cajas de ahorros, unos bancos con propiedad difusa y fuertemente influenciados por los partidos políticos. Por aquel entonces, la solvencia de entidades como NovaCaixaGalicia, Catalunya Caixa, Unnim y, sobre todo, Bankia, el banco resultante de la fusión de Caja Madrid y otras siete entidades, estaba fuertemente amenazada.
El 9 de junio de 2012 está marcado en la historia de España como el día en que el país tuvo que solicitar el rescate europeo
En los tres años anteriores, el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy habían intentado apuntalar el sistema financiero español en base a reformas y fusiones, pero la reacción fue tardía e insuficiente. Caja Castilla-La Mancha fue en 2009 la primera en caer arrastrada por su alta exposición a la deuda inmobiliaria, una mala gestión de riesgos y un problema de liquidez. En su respuesta, el Gobierno quiso minimizar el problema de una caja que suponía “sólo el 0,9% del sistema financiero español”. En aquel entonces, todavía se intentaba dar un rápido carpetazo a la crisis con declaraciones como esta y con programas como el Plan E, que inyectó casi 13.000 millones de euros en los ayuntamientos, fundamentalmente para que con pequeños proyectos (obras principalmente) se generara empleo.
Poco después, el Gobierno Zapatero creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que a través de avales y dinero público promovió la fusión de bancos y cajas. La intervención pública no evitó la quiebra en 2010 de Cajasur y en 2011 de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que acabó absorbiendo Banco Sabadell.
La crisis inmobiliaria y económica, con un rápido aumento de la morosidad, fue la principal causante de la precaria situación de las entidades financieras. En los primeros años de la crisis se habían enfrentado, por ejemplo, al llamado efecto sonajero, una dación en pago de facto por parte de miles de inmigrantes que, ante la imposibilidad de pagar las cuotas de su hipoteca, dejaron las llaves de sus pisos dentro de sobres y regresaron sin más a su país de origen o viajaron en busca de oportunidades a otros países. Para la banca, asumir la titularidad de miles de viviendas se convirtió en una lacra, ya que eran activos que ya nadie demandaba.
En mitad de los escándalos por las retribuciones de los administradores de bancos y cajas, en muchos casos políticos y personas de su entorno sin cualificación en el ámbito financiero, el dinero público (más de 61.000 millones de euros) del Frob incentivó la formación de nuevas entidades más grandes, que en su mayoría acabaron absorbidas por algunos de los grandes bancos del país (BBVA, La Caixa y Sabadell). Sin embargo, la gran amenaza en el año 2012 era Bankia: liderada por el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y después de salir a bolsa, la entidad tuvo que ser nacionalizada con un rescate récord de 22.400 millones de euros.
Las polémicas colocaciones de participaciones preferentes en toda la banca española, las indemnizaciones millonarias a algunos de los gestores que habían llevado a la quiebra a las cajas, la responsabilidad de la banca en la formación de la burbuja inmobiliaria o la inacción del Banco de España ante la crisis acrecentaron la indignación ciudadana durante esos años. Mientras, se ejecutaban unos recortes que afectaban a los pilares del Estado del bienestar (fundamentalmente, sanidad y educación).
La reestructuración del sistema financiero español queda aún inconclusa
En realidad, la reestructuración del sistema financiero español queda aún inconclusa. En 2019, todavía queda pendiente la reprivatización de Bankia, en un proceso que revelará la factura total para las arcas públicas de la salvación del sistema financiero, mientras que hasta 2017 coleaban las entidades en dificultades. En particular, Banco Popular, con problemas de liquidez, fue vendido por el Mecanismo Único de Resolución europeo por un euro a Santander, que se comprometió a inyectar en la entidad 7.000 millones de euros para garantizar su viabilidad.
Con esta operación, Santander, que se había quedado fuera de las adquisiciones de los otros grandes bancos españoles durante la crisis, se hizo con la sexta entidad más importante de España y reforzó su liderazgo en el país. El banco que preside Ana Patricia Botín y otras cuatro entidades, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell, han pasado de un 40% de cuota de mercado en España en volumen de activos al 70% y, de cumplirse las previsiones de Citi, podrían llegar al 85%, convirtiendo a España en el país con las mayores cotas de concentración bancaria en Europa.
La llegada de la austeridad
Junto a la crisis y reestructuración del sistema financiero español, la lucha contra el déficit público fue uno de los elementos más importantes en los primeros años de la crisis económica en España, dadas sus importantes consecuencias en las rentas de trabajadores y funcionarios y en los servicios públicos del país.
El 10 de mayo de 2010, Zapatero compareció en el Congreso para anunciar el mayor recorte social de la historia de España. “A ningún presidente del Gobierno le gusta comparecer para anunciar recortes y a mí menos aún”, aseguró durante el turno de réplica, tras anunciar una congelación de las pensiones, un recorte en el gasto en dependencia y una reducción sin precedentes, del 5%, en el sueldo de los funcionarios. En julio, un agotado Zapatero volvía a apelar a los sacrificios para reducir el déficit público y lo sintetizaba en una frase que pasará a la posteridad: “tomaré las decisiones que España necesita aunque sean difíciles; voy a seguir ese camino cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”.
Otra fecha clave de los primeros años de la crisis económica fue el 23 de agosto de 2011. Sin la convocatoria de un referéndum y ante las presiones internacionales, los dos grandes partidos, Psoe y PP, promovieron una reforma exprés de la Constitución a fin de establecer el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública sea el primero frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales. Una medida de calado, la segunda reforma constitucional desde 1978, con la que el país quería generar tranquilidad entre los inversores de los mercados financieros. La reforma no impidió que la prima de riesgo de la deuda pública española frente a la alemana continuara subiendo hasta más de 500 puntos en 2012, cuando alcanzó su máximo histórico.
Psoe y PP promovieron en 2011 una reforma exprés de la Constitución a fin de establecer el concepto de estabilidad presupuestaria
Zapatero resistió hasta mediados de 2011, cuando ya había cedido el liderazgo del Psoe a un veterano Alfredo Pérez Rubalcaba. El 28 de junio de ese año se anunciaron elecciones anticipadas para el 20 de noviembre, con un mensaje que ponía de manifiesto la trascendencia del momento: “Es conveniente que el Gobierno que salga elegido en las urnas afronte desde el 1 de enero el ejercicio económico y las responsabilidades del país. La certidumbre es estabilidad y ha pesado en mi ánimo fijar un calendario claro. El 1 de enero, el nuevo Gobierno debe trabajar en la recuperación económica, en la reducción del déficit y debe garantizar la consolidación de la recuperación”, dijo Zapatero.
La política de austeridad continuó con la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy. Si un presidente de izquierdas había reducido sueldos de los trabajadores públicos y congelado pensiones, uno de derechas aprobó una subida de impuestos: sólo llegar al poder, a finales de 2011, el nuevo Gobierno elevó los tributos al trabajo, al capital y a los bienes inmuebles. El aumento del IVA tampoco tardaría en llegar, en septiembre de 2012, pasando del 18% en el que lo dejó Zapatero al 21%.
La tijera también se aplicó en el gasto público, con una reducción de 8.900 millones de euros y medidas como la congelación de las reposiciones de funcionarios. España dejaba casi a cero los fondos de cooperación internacional, eliminaba la paga extra de Navidad a los funcionarios, encogía el subsidio por desempleo, reducía el número de concejales en los municipios…
Sólo en 2018, cuando la situación económica en el país había dado ya un importante giro, las políticas de recortes empezaron a dar un vuelco en el país. El ejemplo más significativo de este cambio de ciclo fue el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos en marzo de ese año, cuando se aprobó un incremento salarial del 8,8% hasta 2020 para los funcionarios, en un pacto que por primera vez ligaba los salarios de los trabajadores públicos a la evolución de la economía española.
La lacra del desempleo
Más allá de los salarios, los impuestos y las prestaciones del Estado del bienestar, la crisis económica en España tuvo como principal consecuencia un incremento histórico del desempleo, especialmente a partir de 2009. El empleo en España había tocado techo en el tercer trimestre de 2007, con 20,57 millones de ocupados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre ese año y 2014, cuando se tocaron mínimos históricos, se perdieron 3,62 millones de puestos de trabajo. Diez años después, se han recuperado casi dos millones de empleos, pero el paro continúa siendo la gran asignatura pendiente del país y el mayor síntoma de resaca de la crisis.
El paro continúa siendo la gran asignatura pendiente del país y el mayor síntoma de resaca de la crisis
La tasa de desempleo comenzó a acelerar en 2008, cuando se superó el 10% por primera vez desde 2002, el primer año del que hay datos disponibles. La crisis del ladrillo se llevó por delante a uno de los grandes motores de empleo del país, y gran parte de la población que había abandonado sus estudios u otros sectores para trabajar en aquel El Dorado que era la construcción quedaron descolgados del sistema. Año tras año, las colas de los institutos públicos de empleo se hacían más largas: si, a principios de 2009, la tasa de paro se encontraba en el 16,85%, en el primer trimestre de 2010 ascendía ya al 19,56% y en el arranque de 2012, al 20,42%. El récord se batió en el mismo periodo de 2013, cuando la cuota de parados se disparó hasta el 26,66%, lo que significa que uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar y buscando activamente empleo estaban desocupados. Tras el pico, el paro siguió manteniéndose por encima del 20% hasta bien entrado 2015.
Desde entonces, el paro se ha mantenido como la primera preocupación de los españoles, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y, aunque parte del empleo se ha recuperado, todavía faltan un millón de puestos de trabajo para acercarse a los niveles precrisis. La recuperación llegó, además, con letra pequeña: con salarios bajos, una elevada tasa de empleo precario y todavía mucho paro juvenil y de larga duración.El salario medio en España avanzó un 2,8% entre 2009 y 2016, el último año del que hay datos disponibles, hasta 23.156 euros al año. Pero el sueldo más habitual, en cambio, apenas ha remontado. En 2016, cuando el país se encontraba ya en plena recuperación, con un crecimiento del 3,2%, la fiesta pasó de largo de los sueldos.
El salario más habitual se situaba entonces en 16.498 euros, por debajo de los 16.500 euros del año anterior, según la última Encuesta de Estructura Salarial elaborada por el INE. El salario mediano, por su parte, se estancó, situándose en 19.433 euros al año, 33 euros menos que el año anterior. Restando impuestos y cotizaciones, sin familiares a cargo, el neto se queda en 933 euros al mes, por debajo de aquellos mileuristas considerados precarios antes de la crisis.
Otra de las sombras de la recuperación es la proporción de la población que no ha llegado nunca a reincorporase al mercado laboral. Más de la mitad de los desempleados son de larga duración, mientras que antes de la crisis era poco más del 20%. Cerca del 40% del total de desempleados, algo más de 1,5 millones de personas, llevan más de dos años en paro. Durante los primeros años de la crisis el desempleo de larga duración se convirtió en un problema de tal magnitud que miles de parados agotaron su subsidio por desempleo, lo que llevó al Gobierno de Zapatero en 2009 a aprobar un subsidio extra de 420 euros al mes, una ayuda social que hasta 2012 benefició a unas 825.000 personas.
Durante la crisis, España se convirtió también en la capital europea del paro juvenil: en 2013, más del 56% de los menores de 25 años activos no tenían trabajo. Hoy, la tasa se ha reducido al 33,5%, pero continúa estando muy por encima de la media europea, situada en el 14,9%, y es la tercera mayor de todo el continente, sólo por detrás de Grecia e Italia.
En 2013, más del 56% de los menores de 25 años activos no tenían trabajo
Este contexto provocó una oleada de emigración que llevó el saldo migratorio a números rojos después de décadas de continuado boom inmigratorio. A cierre de 2018, había 2,5 millones de españoles viviendo fuera del país, más de un millón más que antes de la crisis, cuando 1,5 millones de personas vivían en el extranjero. Uno de los motores de este crecimiento fueron los españoles de entre 15 y 24 años, que han pasado de ser sólo 243.154 antes de la crisis a casi el doble, 442.000, diez años después.
Las crisis empresariales
La crisis financiera también impactó con dureza en las empresas en España, con unos efectos que se aprecian tanto en el censo de compañías del país como en el cierre de grandes corporaciones. En 2017, cuando habían pasado diez años del inicio de los problemas financieros globales, el país contaba con un censo de 1,25 millones de sociedades, frente a los 1,4 millones de sociedades de 2007. Los concursos de acreedores no pararon de aumentar en los primeros años y, tras la caída de grandes del sector inmobiliario como Martinsa-Fadesa (en 2008 presentó el mayor concurso de acreedores de la historia de España), Habitat (también en 2008) o Reyal Urbis (que fue a liquidación en 2007), llegó el turno de las empresas de otros sectores.
En una economía dominada por pymes, hasta 2018 el país había perdido el 12,7% de las empresas de más de cincuenta trabajadores que había antes de la crisis económica. En 2012, por ejemplo, cesó su actividad Spanair: después de ser rescatada en varias ocasiones por la Generalitat de Cataluña, que se había hecho con la aerolínea en una operación de marcado cariz político, paró su actividad de manera fulminante.
Nueva Rumasa, que había seducido a miles de inversores con una emisión de pagarés en 2009, cayó en 2012. El emporio de la familia Ruíz-Mateos, propietaria de empresas como Dhul o Clesa, había iniciado en 2011 el preconcurso de acreedores en algunas de sus empresas. En 2017, la Audiencia Nacional procesó a seis de los hijos del empresario José María Ruíz Mateos, responsables de la ampliación de capital de Nueva Rumasa en 2009, por un delito continuado de estafa cualificada, entre otros delitos.
En el turismo, dos de los gigantes del sector en España, Marsans y Orizonia, también sucumbieron a la crisis. La primera, que había liderado el entonces presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), Gerardo Díaz Ferran, fue a liquidación en 2011; la segunda, en 2014. En 2010, Sacresa continuó engordando los concursos en el sector del ladrillo, mientras que en 2013 colapsó el gigante de la alimentación Pescanova, protagonizando el que fue el mayor concurso hasta entonces fuera del sector inmobiliario.
Hasta 2018 el país había perdido el 12,7% de las empresas de más de cincuenta trabajadores que había antes de la crisis
Pese a ello, algunas empresas continuaron creciendo durante la crisis, con ejemplos como el de Mercadona, que se convirtió en un campeón nacional de la distribución en los años de estrecheces para las familias. El fundador y presidente de la compañía valenciana, Juan Roig, pronunció en 2011 una de las frases más inquietantes de la crisis por aquel entonces, cuando dijo conocer algo bueno sobre ese año: “es mejor que 2012”. “Lo peor de la crisis está por llegar”, advirtió.
Demografía: fin a la inmigración y fuga de cerebros
La economía tuvo un impacto directo en la demografía durante los años de la crisis: sin el estímulo de la llegada de inmigrantes y con el incremento de la emigración, sumado al envejecimiento de la población y la caída de la tasa de natalidad de los nacidos en España (un fenómeno global que venía produciéndose ya antes de la crisis), el crecimiento de la población se moderó drásticamente. El país pasó de sumar en torno a un 1% o 2% de habitantes en los años previos a la crisis a apenas un 1,3% en 2009, un 0,6% en 2010 y un 0,4% en 2011. El país llegó a perder población durante cuatro años seguidos, entre 2013 y 2016, y sólo en 2017 se logró frenar la caída gracias al renovado aumento de los inmigrantes.
En 2017, el número de empadronados de nacionalidad española cayó por primera vez desde 1998, cuando comenzó la serie histórica. La caída se compensó ligeramente por el aumento de los ciudadanos extranjeros, que aumentó por primera vez desde 2011, con una subida del 3,2%. En 2018, la población española creció apenas un 0,32%, hasta 46,8 millones de personas, de nuevo gracias al saldo migratorio. Las previsiones pasan por que, en 2033, España contará con 49 millones de habitantes, siempre gracias al aumento de la inmigración, y uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años, según las proyecciones del INE.
La emigración fue uno de los fenómenos más disruptivos de la crisis: tras años incorporando fuerza laboral del extranjero, en 2009 empezó a notarse el flujo inverso. Ese año había 1,47 millones de españoles residentes en el extranjero, una cifra que subió a 1,57 millones en 2010, que superó los dos millones en 2014 y que llegó a un máximo histórico de 2,41 millones de personas en 2017. Una gran parte de esta diáspora corresponde a los españoles nacidos en el extranjero y nacionalizados durante los años del boom económico, que volvieron en gran número a sus países de origen o buscaron oportunidades en terceros países.
De la indignación social al nuevo mapa político
En el ámbito social y político, la crisis económica dejó en España un nuevo panorama de agentes, con los sindicatos en declive y nuevas fuerzas políticas que configuran un escenario político completamente diferente al que había en 2007. La década terminó sin ninguna gran huelga general ni una conflictividad social que hubiese sido esperable atendiendo a lo ocurrido en crisis anteriores, aunque miles de españoles sí salieron a la calle a protestar contra los tijeretazos al estado del bienestar.
La indignación ciudadana general sobre quién pagaba las consecuencias de la crisis económica tuvo como fecha cumbre el 15 de mayo de 2011
Si las llamadas mareas, en defensa de la sanidad pública o la educación, o los movimientos antidesahucios y en favor del derecho a la vivienda tuvieron una consecuencia a largo plazo esto fue con el movimiento 15M. La indignación ciudadana general sobre quién pagaba las consecuencias de la crisis económica tuvo como fecha cumbre el 15 de mayo de 2011, en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid. El movimiento, horizontal y apoyado en las redes sociales como principal canal de comunicación, fue a su vez germen y altavoz de colectivos organizados como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el movimiento Democracia Real YA. El 15M también creó el caldo de cultivo para otras manifestaciones que se extendieron por toda España como respuesta a medidas concretas del Gobierno, como la Marea Verde, contra los recortes en la educación, o la Marea Blanca, contra los tijeretazos en sanidad.
Las manifestaciones derivaron en acampadas de los indignados, que se instalaron por toda España y que, en el caso de Madrid y Barcelona, se extendieron hasta finales de 2011. Este movimiento terminó por romper el bipartidismo que imperaba en España desde 1982.
Ese sentimiento de indignación fue el detonante para la aparición de Podemos, fundado precisamente el 11 de marzo de 2014. El partido, impulsado en el seno de la Universidad Complutense de Madrid, se posicionaba como una alternativa a los partidos tradicionales y proponía una respuesta social y de izquierdas tras años de recortes. Sin demasiada cobertura mediática, salvo las frecuentes apariciones de su líder, Pablo Iglesias, en debates televisivos, Podemos se convirtió por sorpresa en el cuarto partido más votado de España en las elecciones europeas de 2014.
Fue el punto de inflexión tras el cual la formación irrumpió como un huracán en la actualidad política y mediática del país, llegando a encabezar encuestas de intención directa de voto. En las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, Podemos obtuvo un 26,68% de los votos, posicionándose como la tercera mayor fuerza política del país.
Las elecciones, que dieron una ajustada victoria al PP de Mariano Rajoy, también dieron la sorpresa por el centroderecha, con la escalada de Ciudadanos, hasta entonces circunscrito a la actividad parlamentaria catalana, hasta situarse como el cuarto partido más votado del país, con 3,5 millones de votos.
En las elecciones generales de 2015, Podemos obtuvo un 26,68% de los votos
La política española cambiaba de caras, y también rejuvenecía: Pablo Iglesias y Albert Rivera, líder de ciudadanos, tenían entonces 37 años, frente a los sesenta años de Mariano Rajoy. La irrupción de las formaciones morada y naranja no sólo amenazó con romper la clásica alternancia PP-Psoe, sino que desplazó del mapa político a formaciones como UPyD, que salió definitivamente del parlamento siete años después de lograr su primer escaño.
La dura competición por la izquierda motivó también una crisis en el Psoe, tocado ya desde el resultado de Alfredo Pérez Rubalcaba en las elecciones generales de 2011, que supusieron la salida del partido del gobierno. A ese fracaso electoral le siguió una guerra interna por la sucesión y un nuevo batacazo en las urnas, ya con Pedro Sánchez al frente: en los comicios de 2015, el partido cosechó el peor resultado de su historia con noventa escaños y sólo el 22% de los votos, aunque logró evitar el anticipado sorpasso de Podemos.
De 300 días sin Gobierno a la legislatura más breve de la democracia
Todos estos cambios políticos propiciaron que la última década haya sido testigo también del mayor periodo de desgobierno de la corta historia de la democracia española. El país estuvo con un Gobierno en funciones, liderado por Mariano Rajoy, entre las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y la nueva investidura del líder popular el 26 de junio del año siguiente, 314 días después. España estuvo a punto de batir el récord europeo de un gobierno en interinidad, que ostenta todavía Bélgica con 541 días.
Las dificultades para formar gobierno, que terminaron abocando al país a unas nuevas elecciones generales en junio, fueron consecuencia del fin definitivo del bipartidismo hegemónico en la política española. En las elecciones generales de 2015, el Partido Popular salió victorioso con apenas 123 diputados, 63 sillas menos que en los comicios anteriores. El Psoe, por su parte, perdió veinte escaños, hasta sumar noventa diputados. Además, las dos nuevas fuerzas políticas españolas entraron en el Congreso: Podemos, con 42 escaños, y Ciudadanos, con cuarenta, mientras que UpyD salió del hemiciclo.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España
Con este parlamento tan dividido, dio comienzo una serie de negociaciones que culminaron sin acuerdo y con una nueva convocatoria a las urnas. El 22 de enero, Mariano Rajoy anunció que le había comunicado a Felipe VI que renunciaba a intentar formar Gobierno al no contar con los apoyos suficientes. El Psoe comenzó entonces a mover ficha y pactó con Ciudadanos un acuerdo programático que garantizaba el apoyo de la formación naranja a Pedro Sánchez, pero ambos seguían a 46 escaños de la mayoría absoluta. Con el no de Podemos, con quien los socialistas no lograron llegar a un acuerdo, Sánchez no obtuvo el apoyo suficiente para la investidura y se convocaron nuevos comicios para el 26 de junio.
Los casos de corrupción y la crisis en Cataluña marcaron esta segunda legislatura de Mariano Rajoy
Esta segunda llamada a las urnas terminó reforzando al PP, aunque, de nuevo, con una mayoría simple que le forzaba a encontrar aliados. Finalmente, los populares lograron ese apoyo en Ciudadanos, con quien alumbró un acuerdo de investidura muy similar al pactado con el Psoe. Sánchez, sin embargo, se oponía a la abstención para facilitar la investidura de Rajoy, lo que desencadenó uno de los episodios más duros de la historia del partido socialista. Sánchez, el primer secretario general del Psoe elegido por la militancia, fue tumbado tras un durísimo Comité Federal y relevado por una gestora que aprobó abstenerse en la segunda votación de Rajoy. Con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del bloque socialista, el PP regresó a la Moncloa en junio de 2016, poniendo así fin a casi diez meses de desgobierno.
Los casos de corrupción y la crisis en Cataluña marcaron esta segunda legislatura de Mariano Rajoy, que terminó de manera abrupta el 1 de junio de 2018, con la primera moción de censura exitosa de la historia de la democracia española. La medida, impulsada por el Grupo Socialista, salió adelante apenas un día después de que la Justicia diera por probado que el PP se había lucrado con el caso Gürtel. Con el apoyo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, el PdeCat, Compromís y Nueva Canarias, la operación culminó con la salida de Rajoy (que no acudió a la votación) y con la investidura de Pedro Sánchez, el primer presidente que entonces no era diputado desde que se restableció la democracia en 1977.
Con sólo 84 diputados de los 350 que conforman el arco parlamentario, Sánchez estaba abocado, de nuevo, a los pactos para gobernar. El socialista formó el gobierno con mayor presencia femenina de la historia de España (y también con su ministro más breve, MàximHuerta, que dejó su cargo apenas 24 horas después de asumir la cartera de Cultura) y marcó perfil político a base de promesas como la de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Sólo diez meses después, y tras perder el apoyo de los partidos independentistas para sacar adelante los presupuestos, Pedro Sánchez convocó de nuevo elecciones generales, las terceras en cinco años. Los comicios revalidaron al presidente socialista en el poder aunque, de nuevo, le obligaron a pactar en un hemiciclo más dividido que nunca. Por su parte, el voto de la derecha se dividió con la irrupción en el hemiciclo de Vox, la primera formación de ultraderecha que entra en el Parlamento desde la reinstauración de la democracia. Vox ya había dado la sorpresa en las elecciones andaluzas, donde se colocó como la quinta fuerza, pero en las generales su resultado, con 24 escaños, fue menor de lo esperado.
El voto de la derecha se dividió con la irrupción en el hemiciclo de Vox
El Partido Popular, por su parte, sometió a elecciones primarias el nombramiento de su siguiente líder tras la salida de Mariano Rajoy. En los primeros comicios de este tipo en su historia, la militancia eligió a Pablo Casado. Con él, el Partido Popular obtuvo, en las últimas elecciones generales de mayo de 2019, el peor resultado de su historia, con sólo 66 parlamentarios.
Los años de la corrupción
Junto a la indignación por los recortes, el fin del bipartidismo responde también a un sentimiento de desafección de la clase política por la proliferación de los casos públicos de corrupción que, por primera vez, terminaron con políticos de primera línea en la cárcel. Los casos de corrupción impactaron en todas las esferas del poder, de ayuntamientos a comunidades autónomas, de partidos políticos a sindicatos, hasta convertirse en una de las principales preocupaciones de los españoles.
El estallido mediático llegó con el caso Malaya, en Marbella, que terminó con seis encarcelados, entre ellos Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, su entonces pareja, la cantante Isabel Pantoja, y su ex esposa, Mayte Zaldívar. Después llegaron los casos Púnica, Gürtel, Palau, los ERE de Andalucía, el caso Bárcenas o el caso Nóos.
Mientras el caso Bárcenas y la trama Púnica golpearon al mismo corazón del PP, apuntando a una corrupción institucionalizada durante años, el caso de los ERE de Andalucía impactó en la opinión pública por las cuantías millonarias del desvío de fondos y la implicación de políticos y sindicalistas.
Los cabecillas de la trama Gürtel, en el banquillo del juicio por la financiación ilegal del PP valenciano
El caso Nóos, por su parte, supuso otro antes y después en el papel público y mediático de la corona, ya que entre los imputados principales se encontraban la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin. El escándalo aceleró la abdicación del rey Juan Carlos I, que cedió el trono a su hijo, Felipe VI, en junio de 2014. Finalmente, la infanta fue absuelta y Urdangarin cumple condena de seis años de prisión.
Caso aparte fue también la corrupción en las grandes entidades financieras, como Caja Madrid con las llamadas tarjetas Black. El 23 de febrero de 2017, la Audiencia Nacional dictó prisión para los 65 acusados de un delito continuado de apropiación indebida que derivó en un gasto de 12,5 millones de euros. Entre los condenados figuraban Miguel Blesa, el ex presidente de CajaMadrid que se quitó la vida en julio de 2017, y Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión por el escándalo.
Los casos de corrupción impactaron en todas las esferas del poder
Rodrigo Rato, Bárcenas, Urdangarin, Manuel Camps o Eduardo Zaplana son algunos de los políticos y personajes públicos que han terminado la década pasando por prisión y, de alguna forma, devolviendo parte de la autoestima a la opinión pública del país.
Evolución del PIB
España comenzó la década en recesión: tras dos años de desaceleración, 2009 marcó el inicio de la crisis con una caída del PIB del 3,6%. Al año siguiente, el país cerró en plano, pero volvió a caer con fuerza en los tres años siguientes, con descensos del 1% en 2011, del 2,9% en 2012 y del 1,7% en 2013. La dureza y extensión de la crisis, que provocó el ascenso del déficit español, motivó que España fuera incluida por los medios anglosajones en el acrónimo PIGS, que incluía también a Portugal, Italia y Grecia. La economía española no comenzó a recuperarse hasta 2014, con un ascenso del 1,4%. Desde entonces, se ha mantenido cada año por encima del 3%, en una recuperación que organismos internacionales como la Ocde han tildado de “sorprendente”. En 2018, en un contexto de desaceleración económica global, también la economía española perdió fuelle, aunque con una subida del 2,6%, si bien se mantiene por encima de sus vecinos europeos.
La crisis del ladrillo y la caída del consumo motivó también una transformación de los componentes del PIB. Por un lado, el aporte del sector de la construcción a la riqueza de España se ha reducido a la mitad en la última década, del 10% de 2009 al 5,2% de 2017, el último año del que hay datos disponibles. Por otro, el consumo interno y la inversión, a menudo a costa de la deuda, perdieron fuerza como motores del PIB en favor de las exportaciones, el gran refugio de las compañías españolas durante la crisis. En la última década, las exportaciones aumentaron treinta puntos en el PIB, mientras que las importaciones apenas avanzaron en diez puntos.
Cambio de ciclo
El empobrecimiento de la población y el empeoramiento de las perspectivas económicas se tradujeron en una caída brusca del Índice de Confianza del Consumidor, elaborado por el CIS, que tocó mínimos históricos en julio de 2012 con apenas 37,6 puntos sobre una base de doscientos puntos. Esto llevó a un aumento de la tasa de ahorro ante la incertidumbre de cuándo llegaría la recuperación y a una reducción de la deuda de las familias, que fue durante la época precrisis el anabolizante del consumo en el país. Desde entonces, se inició una ligera recuperación, pero no suficiente para alcanzar los niveles anteriores a 2008. Según datos de 2017, el consumo de los hogares continúa un 4,6% por debajo de los niveles de 2008. España es, junto con Grecia, el único país europeo que todavía no ha recuperado los niveles salariales de 2008: los sueldos copan sólo el 47,3% del PIB, su nivel más bajo de toda la serie histórica.
En paralelo, despejadas las incertidumbres que dispararon el ahorro durante la crisis, el endeudamiento ha comenzado a repuntar de nuevo. Cuando estalló la crisis financiera en España, las familias habían acumulado una deuda superior a los 960.000 millones de euros, casi equivalente a todo el PIB del país. Sólo en 2007, los hogares pidieron prestados 57.000 millones de euros.
En 2017, el ahorro neto de las familias volvió a ser negativo por primera vez desde 2008, con una necesidad de financiación de 3.063 millones de euros. La tasa de ahorro se sitúa ahora en el 6,1% de la renta disponible, muy lejos del máximo del 13,4% en 2009 y muy cerca del mínimo histórico del 5,8% en 2008. En paralelo, la renta disponible de los hogares aumentó a 794.000 millones de euros, superando por primera vez los máximos de la burbuja.
Cuando estalló la crisis financiera en España, las familias habían acumulado una deuda superior a los 960.000 millones de euros
Sin embargo, igual que ocurre en el empleo, hay otros indicadores subyacentes que no se han recuperado. Es el caso de la renta media por hogar que, tras caer durante seis años consecutivos, comenzó a recuperarse en 2016, pero continúa lejos de los niveles precrisis. Entre 2010 y 2015, la renta se redujo en casi 4.000 euros por hogar, hasta situarse en 26.092 euros. En los años siguientes, la riqueza de las familias se recuperó en casi mil euros, hasta 27.560 euros, pero continúa todavía por debajo de los 28.790 euros de 2008.
En esta década, también ha cambiado la distribución que hacen las familias de su gasto: mientras que los alquileres, la electricidad y los suministros han ganado peso en sus presupuestos, la ropa, los paquetes turísticos o los efectos personales han reducido su participación.
España es más pobre que hace una década, pero su economía es más sólida y el país parece haber aprendido, al menos en parte, de algunos de sus errores del pasado. Mientras el mundo desacelera y organismos como la Ocde o el FMI recortan cada trimestre sus previsiones de crecimiento, para España las proyecciones se mantienen en un sólido 2%. Pero los expertos insisten: es ahora, mientras el país todavía disfruta de vientos de cola, cuando toca arreglar los cimientos para una nueva recesión.
